Con anterioridad habíamos dado a conocer el interés de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por cerrar la oficina de dicha dependencia en Poza Rica, Veracruz, y la cruzada que el delegado de la zona de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, Fernando Remes Garza, había realizado al respecto, pues recolectó una documentación puntual sobre las anormalidades presentadas en dicha oficina, cuando hace más de un año se les negó a los transportistas los trámites de licencias, emplacamientos y permisos.

Ahora, la SCT ha inhabilitado la oficina, y cerca de 25,000 transportistas han resultado afectados, por lo que ya se están presentando las primeras protestas, los principales afectados son los trabajadores de la zona de Tempoal, Ozuluama, Pánuco y Naranjos, ya que deben realizar viajes de hasta 10 horas para poder realizar los trámites correspondientes a los aspectos administrativos de su actividad económica, esto sin tomar en cuenta los tiempos de respuesta de la dependencia, misma que se ha caracterizado por ser “burocrática”.

En números anteriores habíamos expuesto la situación, pues en palabras de Remes Garza, “los empleados de la dependencia de Poza Rica prácticamente estaban esperando a jubilarse para cerrar las instalaciones”.

“No podemos continuar así, los transportistas necesitamos contar con el apoyo de la Secretaría, porque esa es su función, no pueden dejar abandonada la zona norte de la entidad”, aseguró Remes Garza.

Antes de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes diera a conocer la decisión definitiva, distintas organizaciones de Veracruz a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hicieron sentir su inconformidad al girar diferentes oficios a nombre de Ángel Vega Vargas, director del Centro SCT en Veracruz para solicitar que la oficina No. 10 reabriera sus puertas, sin embargo, nunca se recibió la favorable respuesta.

La delegación regional de CONATRAM ha exigido a la SCT que se retomen los servicios en Poza Rica; de igual forma la Confederación ha establecido esfuerzos de comunicación con el titular de la dependencia federal exponiendo los perjuicios que el sector ha sufrido desde el cierre de la oficina.

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